CUANDO LOS NIÑOS VAN A LA GUERRA

Hace una semana, después de haber sostenido combates con guerrilleros de las Farc en zona rural de Planadas, Tolima, soldados de la Brigada Móvil 8 que realizaban la exploración en la zona quedaron sorprendidos cuando observaron a un niño de 13 años de edad acomodando minas antipersonales en el sector.

En el lugar fueron encontrados varios elementos y documentos, entre ellos una carta en la que alias Teófilo, cabecilla del grupo de explosivos ‘Alfredo González’ (segundo anillo de seguridad de Alfonso Cano), muestra su preocupación a otros mandos por la incapacidad intelectual de los viejos guerrilleros e imparte instrucciones de formación para “los futuros jefes de las Farc”: “…Lo más preocupante es que la mayoría de los guerrilleros viejos no saben leer ni escribir… Entonces hay que ponernos las pilas e inventarnos alguna idea para ir formando u organizando la cabeza de los que nos acompañan a como dé lugar”, dice un aparte del documento conocido por El Espectador.

Según el comandante de la Brigada Móvil 8 con sede en Planadas, coronel Jorge Iván Monsalve, el documento corrobora que esa guerrilla está disminuida y necesita jóvenes fácilmente influenciables, como se ha conocido en los últimos meses por versión de desmovilizados, por las denuncias de los padres ante diferentes autoridades y porque en los enfrentamientos, muchos de los combatientes son niños entre los 12 y 16 años de edad.

“Les puse la tarea de aprender las tablas de multiplicar del 1 al 10, luego a sumar, restar, dividir y multiplicar por varias cifras, espero que hagan lo mismo ustedes por allá. De esta manera formaremos a los nuevos combatientes y futuros jefes de las Farc”, dice Teófilo en el escrito.

Según un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional Tolima, durante el primer semestre de este año, nueve menores han sido entregados en la seccional por causa del conflicto. El coronel Monsalve asegura que por lo menos un 30% de los guerrilleros son menores entrenados en explosivos y como francotiradores en la escuela Hernán Murillo Toro, sector de El Quebradón, en Planadas.

Pero no sólo las labores de guerra hacen parte de su diario vivir. Las niñas son vistas por los comandantes como sus parejas o, incluso, esclavas sexuales. Así le pasó hace dos meses a “Stella”, quien a sus 14 años de edad le aseguró a la Policía que se había volado de las Farc cuando el comandante John Getas le prendió una enfermedad venérea. Contó que en su campamento había 45 menores más y que una de ellas, de 15 años, era la amante hacía dos años del comandante Arnulfo, jefe político que fue muerto en junio.

La preocupante situación constatada en el Tolima no es epi sodio único en el país, ni las Farc tienen la exclusividad en dicho flagelo. El Espectador comprobó que en Córdoba se intensificó el reclutamiento de menores para la guerra, esta vez por cuenta de las bandas criminales.

En la región de San Jorge, en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, algunos padres relataron que al pueblo llegaron hace tres meses sujetos armados, en camionetas con vidrios polarizados, y propiciaron reuniones secretas a las que invitaron principalmente a jóvenes estudiantes. Al día siguiente varios de los muchachos no amanecieron en el pueblo.

Casos similares se registran en zona rural de Montelíbano, donde los jóvenes han sido convocados pero por Los Paisas, otra de las bandas criminales que operan en la región. Un sacerdote de la zona del San Jorge relató que algunas chicas lo buscaron para que convenciera a sus novios de que no se fueran con las bandas. Sin embargo, las difíciles condiciones económicas vuelven a ser el caldo de cultivo para las estructuras del narcotráfico, que encuentran en los jóvenes mano de obra barata.

Montería no escapa a estos hechos. En barrios como Ranchos del Inat, Simón Bolívar y en corregimientos como Loma Verde y Santa Lucía, los pobladores cuentan con temor que los muchachos han abandonado las aulas. También tienen miedo de hacer las denuncias ante las autoridades.

Pero dadas las características del flagelo no existen estadísticas precisas sobre sus alcances. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2008 y abril de 2011 hubo 158 situaciones de riesgo en 178 municipios de 29 departamentos que dan cuenta de la probable ocurrencia de reclutamientos forzados en Meta, Guaviare, Cauca, Nariño, Tolima y Norte de Santander, especialmente.

El Sistema de Alertas Tempranas advirtió que el 63% de los casos involucraba a comunidades indígenas. Campesinos, colonos y mestizos también figuran entre los afectados.

Las Farc siguen siendo la principal fuente de amenaza, seguidas ya no por el Eln, sino por una categoría denominada grupos armados ilegales, entre las que están las ‘Águilas Negras’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’, el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista (Erpac) y ‘Los Rastrojos’.

Lo más grave es que de la mano del reclutamiento vienen otras violaciones a los derechos de los infantes y adolescentes. Algunos son reclutados a la fuerza y otros con el consentimiento de sus padres, pero en ambos casos los riesgos son los mismos: vejámenes sexuales, violencia, agresión física y maltrato psicológico.

Desde los 20 casos reportados en La Guajira en los dos últimos años, pasando por el silencioso reclutamiento por parte de las bandas criminales en Nariño y los Montes de María o el desplazamiento de 37 familias de Ataco (Tolima) por negarse a entregar a sus hijos a los actores del conflicto, la estela de dolor parece extenderse sin control por el país. Las cifras siguen creciendo. Al decir del director del ICBF en este último departamento, Carlos Eduardo Buenaventura, fueron 40 familias las que tuvieron que huir en 2010 por este tipo de situaciones.

El Ejército sigue promoviendo campañas masivas de desmovilización y el ICBF sigue llegando a los municipios más vulnerables con programas como Escuelas de Paz y apoyo psicosocial, y otras agencias estatales llevan alimentación para los menores, pero eso no ha logrado ponerle fin al problema.

Lo demuestra el caso de “Carol”*, una niña de 14 años que cumplió labores de radista en las Farc hasta hace cinco meses. Se escapó porque, según dijo, no soportaba los malos tratos. Por versión de su madre, se supo que fue recapturada y perdonada; sin embargo, volvió a escabullirse y buscó a su familia en el corregimiento de Gaitania. Sus padres confesaron que se la devolvieron al comandante Teófilo quien, después de hacerle un consejo de guerra, la mató.

En algunas oportunidades la falta de recursos económicos de los padres para sostener a sus hijos también termina empujando a los infantes hacia la guerra. “Bryan”*, de 13 años, era uno de ellos. Llevaba 12 meses en las Farc y fue hallado herido luego de un enfrentamiento. Lo llevaron a Neiva, hasta donde llegó su mamá, una mujer de 38 años de edad y 11 hijos. Ella les manifestó a las autoridades que no tenía dinero para mantenerlo y, por tanto, el menor, experto en ubicación de minas antipersonales, fue entregado al ICBF, como otros nueve que fueron desvinculados por el Ejército en el primer semestre de este año en el sur del Tolima.

Alias Ferley o El Ardillo, cabecilla de segundo nivel de la ‘Compañía de Explosivos Alfredo González’, es, según las autoridades, el encargado de reclutar niños en la región, llegando a las casas, donde reúne muchachos para informarles que van a ser incorporados. La idea es capturarlo, pero eso tampoco será suficiente para poner fin a la execrable práctica.

Legislación contra el reclutamiento

En Colombia hay tres normas básicas contra el reclutamiento:

1. Documento Conpes 36 de 2010, que contiene la “Política de prevención de reclutamiento y utilización de niños , niñas, adolescentes y jóvenes por grupos delincuenciales e ilegales”.

2. Decreto 4690 de 2007, que creó la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, de la cual hacen parte las instituciones del Gobierno con responsabilidades en el diseño e implementación de políticas para la prevención de ese flagelo.

3. Ley 1448 de 2001, cuyo artículo 181 (numeral 3) señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, las minas antipersonales y las municiones sin explotar y todo tipo de violencia sexual.

El caso de Palomino y Río Ancho

En abril de 2010, tres miembros de la banda delincuencial ‘Los Urabeños’ iniciaron un trabajo de adoctrinamiento de doce niños y adolescentes en los corregimientos de Palomino y Río Ancho, en La Guajira.

Los hombres reunieron periódicamente al grupo de menores, a quienes entrenaban con la promesa de ofrecerles un trabajo con estabilidad económica dentro de la estructura criminal.

Sin embargo, el caso fue denunciado por los pobladores a las autoridades y, gracias a la intervención de la Policía, se logró evitar que los menores fueran reclutados por el grupo ilegal.

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